Las ideas de la universalidad de la razón, del individuo autónomo y racional, del pacto como principio de legitimidad, etc., sólo fueron desarrolladas pensando en una parte de la población. La otra parte no fue olvidada, simplemente, fue desprovista de poder y de autonomía, adscrita al espacio doméstico y al papel de apoyo necesario para que los demás (mayormente varones) pudieran hacer efectivos sus emergentes derechos de ciudad.

(…) La observación de lo ocurrido dentro del mercado laboral en las distintas etapas de nuestra historia reciente; el análisis del modo en que factores políticos, económicos, demográficos y culturales se combinan en diferentes momentos para configurar un determinado sistema de relaciones sociales de género, puede ser una manera de mostrar la complejidad y la multidimensionalidad de los procesos de cambio social.

Fregar suelos, hacer remiendos o dedicarse al estraperlo o a la prostitución, eran los únicos recursos para muchas mujeres llegadas a las ciudades (Roig 1989).

El empleo industrial descendió́ en términos absolutos y relativos. Fernández Steinko (1999) recoge muy acertadamente el descalabro que produjo la Guerra Civil sobre la población activa más cualificada y difícilmente reemplazable. Muertes, expatriaciones y emigración, en cantidades que justifican la idea de «desertización humana» en los años cuarenta y cincuenta.

El empleo que sí creció dentro del sector servicios fue en las fuerzas policiales y en el servicio doméstico. En 1950 esta última rama ocupaba a medio millón de mujeres, con jornadas de 14 horas y librando solo la tarde del jueves y la del domingo. En la posguerra, para las familias más modestas, mandar a las hijas «a servir» suponía tener una boca menos que alimentar y conseguir algunos ingresos monetarios —a veces los únicos— para poder hacer frente a gastos extraordinarios.

Esta actividad (servicio doméstico como internas) inicia un proceso de desaparición a lo largo de los sesenta, pero recupera su importancia en pleno siglo XXI y se nutre también de inmigrantes, aunque, en esta ocasión, procedentes de otros países.

En las condiciones de posguerra, dar de comer y cuidar a la familia constituía un duro trabajo para las mujeres pobres: recoger carbón de las vías del tren para encender la cocina, fabricar jabón para lavar, velas de sebo para alumbrarse, remendar y poner piezas a las escasas prendas de vestir, lavar para otras casas a cambio de algún dinero, etc. En algunas zonas más despobladas de varones, «el sexo débil» realizaba, así́ mismo, los trabajos considerados más duros y los peor pagados: construcción, carreteras, marisqueo, etc. (Bayo 1970).

Para la minoría más cualificada, siempre que no hubiese sido depurada por el Régimen, estaban la enfermería, el magisterio y las oficinas (aunque estas últimas con dudosa reputación moral). Cuidar y atender en posición de subordinada al varón no alteraba la feminidad de la «Nueva Mujer Española».

(…) Las reformas legislativas progresistas promovidas por la República (la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto y la ley de Matrimonios Civiles) fueron totalmente abolidas. Desde 1938 hasta el final de la Dictadura, los derechos de la familia se basarán en el Código Civil de 1889 de inspiración napoleónica. La familia se reconoce como institución natural y fundamento de la sociedad y la maternidad como el eje definitorio de la feminidad.

En lo laboral, el Fuero del Trabajo de 1938 declaraba que: “Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado” y, posteriormente, añadía que “El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá́ el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”.

Todas las medidas de política familiar tendrán como objetivo apartar a las mujeres casadas del trabajo retribuido (negación del subsidio familiar si la esposa trabaja, la «dote nupcial» de las empresas por dejar el empleo, los premios a la natalidad, etc.). Esta posición resultaba funcional en una autarquía con un mercado de trabajo estancado pues evitaba el aumento del paro masculino.

También las políticas pronatalistas (que más que políticas eran discursos morales y patrióticos) tenían, entre otros, un objetivo funcional: cubrir el vacío demográfico creado por la contienda.

A partir de 1942, todas las reglamentaciones dispondrán que las trabajadoras al casarse deberán abandonar su puesto de trabajo. Las casadas que continúen trabajando en industrias o talleres lo harán «a la negra» y no aparecerán en las poco fiables estadísticas laborales de la época.

Pero no solo se trataba de «liberarles» de los duros trabajos de las fábricas, también se «liberó» a la minoría de españolas académicamente más formadas del ejercicio de la Abogacía del Estado, la Judicatura, la Fiscalía, la Magistratura, la Inspección de Trabajo, la Notaría y el Cuerpo Diplomático, es decir, de aquellas profesiones que podían otorgarles poder y autonomía. En esa ocasión, el mandato patriarcal se situó́ por encima de los privilegios de clase.

La única carrera profesional considerada adecuada para las mujeres era la de maestra de niñas, profesión que se caracterizaba por estar bien considerada socialmente pero muy mal retribuida.

En medio de ese clima contrario al trabajo retribuido de las mujeres casadas, la realidad era que miles de ellas trabajaban duramente y percibiendo retribuciones muy inferiores a las de los hombres. No se les apartó del trabajo, se les abocó a los trabajos familiares no remunerados, a la economía sumergida y a la condición de «ejército de reserva de mano de obra».