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Extraperlo
El mercado negro de posguerra y... el cazador cazado
Febrero de 1938 –la Guerra Civil española comenzó en julio de 1936-, Julio Muñoz Aguilar es nombrado gobernador de la provincia de A Coruña por las autoridades del bando nacional. En abril de 1939 finaliza la guerra y en julio se le concede a Muñoz Aguilar la Gran Cruz del Mérito Naval. En octubre es nombrado Jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado, Francisco Franco.
Mientras no se decide quien va a reemplazar a Julio Muñoz ocupa el cargo de forma interina otro Julio, Julio Ramos Alfageme, un alto funcionario del gobierno civil coruñés. Y al poco tiempo concede una entrevista a un periódico local para dar a conocer sus planes de lucha contra el mercado negro de alimentos y tranquilizar a la población asegurando que ni subirían los precios ni quedaría desabastecida. No han transcurrido más de seis meses del final de la guerra, los precios están tasados y el comercio sujeto a estrictas normas.
Muchos productos no pueden venderse a mayor precio que el fijado oficialmente y las ‘exportaciones’ a otras provincias requieren de la aprobación del gobernador, que se materializa en un documento, la ‘guía’. Vender por encima del precio oficial o exportar sin permiso, sin guía, eran delitos, y pese a ello muchos lo hacían. Estamos ante el mercado negro, conocido en la España de aquellos años como estraperlo: “comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa”, según la Real Academia.
Unos lo practicaban por pura necesidad, para obtener el mayor ingreso posible por la venta de sus productos o para adquirir aquellos productos que no podían conseguir en el mercado oficial regulado. Otros eran puros estraperlistas que se dedicaban a ganar dinero traficando al margen de la ley.
Estamos en octubre de 1939. Cesaron los combates. En toda España se padece escasez, y en Galicia se podían conseguir muchos alimentos, desde patatas y habas hasta pescado, carne o huevos; y por Galicia pululan una nube de intermediarios para adquirir lo que sea y al precio que sea para venderlos al mayor precio posible. Los gobernadores civiles eran las máximas autoridades provinciales en la materia, y nuestro protagonista concedió rápidamente una entrevista a la Hoja Oficial del Lunes de A Coruña para mostrar su mano dura con el mercado negro.
Julio Ramos era consciente de que una manera de frenar el estraperlo consistía en dar la mayor publicidad posible al castigo a que se exponían los infractores; la prensa, controlada por el régimen, publicaba puntualmente listas con los nombres y las penas de los castigados: multas, incautación de la mercancía, prohibición del ejercicio del comercio o la industria, cárcel.
Julio Ramos Alfageme, que como ya he dicho ocupaba provisionalmente el cargo, se nos revela en la entrevista como un hombre de ideas claras y lenguaje directo, dispuesto a acabar por todos los medios a su alcance con los estraperlistas y a evitar el desabastecimiento local. El reportaje es bastante amplio y voy a reproducir textualmente aquellos párrafos más interesantes. Resalto una parte de las respuestas en letra roja. Las declaraciones del gobernador van detrás de la letra (G).
PRELUDIO
– (G) Desde que me hice cargo de este Gobierno, no he dejado ni un momento de preocuparme del abasto de la provincia. Es de tal importancia y relieve que, sin una actuación enérgica y una finalidad bien orientada, los problemas se producen a todas las horas y la perturbación alcanza por igual a productores y consumidores.
UNA NUBE DE INTERMEDIARIOS
– ¿Sabe usted seguramente el sinnúmero de intermediarios que se han caído sobre esta provincia y ciudad?
– (G) Lo sé y no me extraña. Hágase usted cargo de que una gran parte de España no puede ofrecer de momento ningún producto. La vesania roja arrasó esas tierras, y la falta de estímulo en los agricultores, durante el Frente Popular, hizo que no se preocupasen de los cultivos. Tenemos, pues, que producir para toda España solamente los dos tercios de la nación, ínterin no se recojan en la primavera próxima las primeras cosechas. ¿Qué tiene de extraño que las provincias deficitarias se afanen en lograr productos de que se carece?.
– Pero esa necesidad hace que las demandas sean exageradas con grave perjuicio del consumidor.
– (G) Y del productor. ¿Cree usted que no sé yo perfectamente que esos precios que se andan ofreciendo no van a parar en su mayor parte a los productores?. Por eso trato de impedir esos agios o ‘estraperlos’, como ahora se llaman. Ya ve usted la campaña del Gobierno. Que tomen nota los ansiosos que se encuentran en esta provincia. Porque los transgresores serán castigados con la cárcel y sancionados. Mañana empezarán a salir a la luz las primeras sanciones, para que sirvan de advertencia y ejemplaridad.
SEVERO CONTROL DE LAS EXPORTACIONES
– ¿Cuales son los problemas o productos que merecen su preferencia?.
– (G) Todos; pero principalmente el pescado, carne, habichuelas, patatas, huevos y leche. Unos por el consumo y otros por la exportación. Por de pronto no autorizaré ninguna exportación sin que se me garantice previamente el consumo de la provincia. – ¿Se han dado órdenes en ferias y mercados?.
– (G) Sí señor. Y a todos los jefes de estación [ferroviaria] y a los jefes de línea, y a los comandantes de los puestos de la Guardia Civil. Sin la guía [documento oficial de venta] no se puede facturar, embarcar, ni circular ningún producto; guías que han de ir firmadas por mi autoridad. De este modo controlo el comercio de todos los productos y sé lo que se pagó a los productores y se cobra a los consumidores en el lugar de destino.
BAJARÁ LA CARNE VACUNA
– ¿Y el régimen de matadero va a continuar como hasta ahora?
– (G) ¡De ningún modo!. (…) Se trata, en una palabra, de poner todo en una sola mano a fin de evitar los agios y los sobreprecios. Lo mismo ha de ir haciéndose en todos los mataderos de la provincia.
PUJAS Y FRAUDES EN LOS EMBUTIDOS
– La Prensa habla de una intervención en las fábricas de embutidos.
– (G) Naturalmente, porque también producían alzas en los precios del ganado. (…)
NO HABRÁ MÁS PRECIO QUE EL OFICIAL
– En una palabra, señor Gobernador, que los intermediarios van a ser frenados en sus ansias, ¿no es eso?.
– (G) Eso mismo. Y el primero que se caiga, responderá con la cárcel y con su bolsillo. En Galicia existe una verdadera nube de intermediarios, ya antes de ahora. Por eso voy a vigilar las ferias evitando a toda costa que se compre por encima del precio oficial.
– ¿Y cree usted que el ganado tiene un precio remunerador para el labrador?.
– (G) Eso lo ignoro, y no es de mi incumbencia. Lo único que sé es que se ha dictado un precio por el Estado y que este precio ha de cumplirse por encima de todo. Si se cree que este precio no es remunerador para Galicia, tienen medios las entidades ganaderas de hacer llegar su voz hasta el Estado y éste –esté usted seguro de ello- si ve que tienen razón, hará las modificaciones que se precisen. No se obra ahora ni por caprichos, ni por presiones. Un Estado con autoridad dará a cada cual lo suyo. Y eso por fortuna lo tenemos en España.
HABICHUELAS Y PATATAS, A LA TARIFA
– ¿Cree usted que se restablecerá muy pronto la normalidad?
– (G) Antes de ocho días. No saldrá ni un saco de patatas ni de habichuelas que no vaya a su precio de verdad: el de tarifa. Los mercados de esta ciudad estarán abastecidos. En pescado, se me facilitará por los armadores todo cuanto se necesite para nuestro consumo, y el resto se podrá exportar.
– ¿Y dentro de las plazas de abasto?.
– (G) Ya sé por donde va usted. Pescado que entre en plaza se venderá a los compradores sin subterfugios de ningún género. (…) He puesto un servicio de fuerzas de Asalto para impedir las mil tretas que suele padecer el público. Y el primero o primera que se caiga, irá a dar con sus huesos a la cárcel, además de la sanción pecuniaria. Quiero que sepan todos los ciudadanos de esta provincia, que todas estas maniobras son para sabotear el régimen y el Estado que por fortuna nos rige, y que los que por sus ansias y su contumacia se olviden de este principio están expuestos a que sean los Tribunales militares los que los juzguen.
– ¿Y no pueden salir en camiones para otros sitios?
– (G) El primero que se coja, lo sancionaré con verdadera dureza, sin contemplaciones.
UN AÑO DE BENDICIÓN DE COSECHAS
– ¿Puede garantizarse el abasto de los principales productos?.
– ¡Por Dios, hombre!. Si esta provincia es la más ganadera en vacuno, la de mayor producción de patatas … La riqueza de La Coruña se expresa en cifras casi astronómicas. Además ha sido un año de magníficas cosechas, gracias a Dios. La Providencia ha querido demostrar elocuentemente cómo sabe remediar las necesidades creadas por las huestes de Moscú en esta guerra de redención que acabamos de sufrir. (…)
Dicho y hecho. Empezaron a llover sanciones que, como ya dije, fueron publicadas regularmente por la prensa para dar ejemplo. Aquí tenemos una, al mes siguiente de la entrevista.
Son multadas trece lecheras de Ribeira y A Pobra por vender leche a precio superior al oficial, una de ellas con doble sanción por además “negarse a venderla, en caso de obligarle, a menos precio” que el precio oficial. Casi todas las demás sanciones son por exportar productos a otras provincias sin licencia, entre ellas a “un tal Sandalio, exportador de pescado en esta ciudad”, a un vecino de Lugo “por transportar azúcar escondido en una caja” y a otra vecina también de Lugo “por tratar de exportar de la provincia mercancías intervenidas y que llevaba ocultas entre unos tubos en un camión”.
A base de multas se quería frenar un fenómeno que nacía de fuerzas poderosas. Era tal la escasez de productos de consumo habitual hasta entonces en España que el Vaticano tuvo que tomar una decisión extraordinaria, en octubre de 1940: por primera vez en la historia se autorizó la sustitución del aceite de oliva por otros aceites en la iluminación del Santísimo, e incluso por lámparas eléctricas. Un ejemplo de las muchas innovaciones surgidas de las guerras.
Pero no era fácil frenar el mercado negro, y por ley de 3 de octubre de 1940 se crean las Fiscalías de Tasas, con la siguiente justificación: “La persistencia en muchas provincias de abusos en la venta de artículos de primera necesidad, sujetos al régimen de tasas, y el aumento de la especulación en esta materia, con daño grave para el abastecimiento de las poblaciones y los hogares humildes españoles, exigen medidas de rigor que corten, de una vez, estas criminales maniobras que, de persistir, llevarían al hambre y la ruina a todos los sectores de nuestra Nación, imponen la ejemplaridad y la rapidez en la corrección de las infracciones, sin que los trámites jurídicos puedan servir de escudo a los infractores, maestros en las argucias de perturbar o burlar a la Justicia con trámites o retrasos”.
La ley tenía otros artículos que revelaban su carácter excepcional. Dos de ellos merecen ser destacados: en el artículo 7º se establecía que de las multas impuestas “percibirá un cuarenta por ciento el denunciante”; y en el artículo 13º se estipulaba: “Cuando por los antecedentes y actividades de los infractores contra el régimen o su conexión con elementos revolucionarios o expatriados, existan vehementes indicios del propósito de perturbación del orden o de la economía nacional por los culpables o la trascendencia del hecho, por los graves daños que a la Nación pueda causar, lo merezca, los Tribunales de Justicia que así lo aprecien deberán considerarlo comprendido dentro del delito de rebelión, y hacer aplicación, en su caso, de las penas que el Código de Justicia Militar establece para el castigo de estos delitos”.
En resumen, se premiaba la delación y se autorizaban los Consejos de Guerra para los casos digamos graves. Bueno, pues no había pasado una semana desde la publicación de la Ley cuando la prensa daba cuenta de un Consejo de Guerra a varios infractores. Fíjese el lector en quién era el primer acusado.
Ni más ni menos que nuestro protagonista, Julio Ramos. Me pregunto que tendría en mente el redactor cuando eligió el adjetivo interesante para el título de la noticia. Acá tenemos dos versiones diferentes.
Entre los acusados figuraba un comerciante de Santiago, José Vilas Sobrino, que aunque había sido directivo de la Juventud Republicana Radical desde 1934, ya en 1938 ofrecía su casa para alojar alféreces del ejército franquista y recibía el agradecimiento del Auxilio Social por sus donaciones. También tenemos al dueño de una droguería de A Coruña –Víctor Vázquez Paredes-, y a un miembro de una destacada familia coruñesa –César Suárez de Centi-.
Pero el más destacado de los acusados, y para quien el fiscal solicitaba una importantísima multa (1.400.000 pesetas), era Domingo González Botas, almacenista y comerciante de Carballo, de origen maragato, y concejal en la primera corporación municipal franquista de su pueblo, en septiembre de 1936. Cuando lo someten a Consejo de Guerra ya había sido multado varias veces por estraperlo. Y lo cierto es que siguió en sus trece y se convirtió durante la 2ª Guerra Mundial en traficante de wolframio.
Desconozco tanto la condena final como los delitos concretos por los que Julio Ramos fue acusado. Cohecho, malversación de fondos y auxilio a la rebelión, según el fiscal. Cohecho es el delito que comete un funcionario que acepta sobornos. Malversar fondos es apropiarse de dinero público. ¿Auxilio a la rebelión?. Imagino que sería por facilitar el estraperlo y, como decía el artículo 13 de la ley antes citada, dañar así a la economía nacional.
No creo que nuestro ‘cazador cazado’ hubiese apoyado a elementos revolucionarios. Era el típico funcionario que había ido ocupando cargos administrativos en los gobiernos provinciales. Tras ser secretario del gobernador de Córdoba en 1935, en abril de 1936 fue designado Jefe de Negociado de 1ª Clase en el gobierno civil de A Coruña, donde se mantuvo durante la Guerra. Su momento de gloria como gobernador interino duró poco.
El reportaje concluía del siguiente modo: “Hasta aquí nuestra conversación con el señor Ramos Alfageme. Tan interesante es que estamos seguros de que nuestros lectores disculparán la extensión en mérito a los alcances de la misma”. Desde aquí un “totalmente de acuerdo” al anónimo reportero.
Represalias legislativas
LEY DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940 por la que se crea la Fiscalía Superior de Tasas, encargada de hacer cumplir, con todo rigor, el régimen sobre las mismas.